Claudio Fernández: “A dos años de la Marcha Federal Universitaria, estamos igual o peor”

Pese a la masiva movilización social que marcó un antes y un después en 2024, las universidades siguen sin respuestas estructurales: leyes sin aplicación, presupuesto insuficiente y un sistema que resiste mientras crecen las demandas. Desde la gestión de la Unidad Académica Caleta Olivia advierten que la situación no solo no mejoró, sino que se agravó, y reclaman decisiones políticas urgentes para garantizar el futuro de la educación superior en la región.

A dos años de la histórica movilización del 23 de abril de 2024 —cuando más de dos millones de personas en todo el país salieron a las calles en defensa de la universidad pública— el Decano de la Unidad Académica Caleta Olivia, Mg. Claudio Fernández, trazó un balance crítico sobre la situación actual del sistema universitario argentino y advirtió que, lejos de resolverse, los problemas estructurales “persisten e incluso se han profundizado”.
En este sentido, Fernández valoró el acompañamiento social y político que tuvo aquella jornada, destacando que “el balance es positivo en cuanto al respaldo de la sociedad y del Poder Legislativo, que entendió la necesidad de financiamiento y aprobó leyes específicas para el sistema universitario”.
Sin embargo, señaló que esas herramientas no lograron traducirse en soluciones concretas. “Al día de hoy esas leyes no se han hecho efectivas. La de 2024 fue vetada, y la de 2025, si bien el Congreso insistió en su sanción, se encuentra judicializada. En términos reales, seguimos prácticamente en la misma situación o peor”, afirmó.
En ese marco, el Decano remarcó que, aunque en su momento se logró un reconocimiento parcial de los gastos de funcionamiento, “estamos muy lejos del escenario que el sistema necesita”, y subrayó la urgencia de actualizar partidas, fortalecer el sistema de becas y recomponer la situación salarial.

SOSTENER LA UNIVERSIDAD EN CONTEXTO CRÍTICO
Al referirse a la realidad de la UNPA y de la sede Caleta Olivia en particular, Fernández indicó que se trabaja con un fuerte compromiso institucional para garantizar la continuidad de las actividades.
“Se hace todo lo posible para sostener el funcionamiento, priorizando la formación de grado y los servicios que brinda la universidad, pero sin desatender la investigación y la extensión, que son parte esencial de nuestra razón de ser en el territorio”, explicó.
En ese sentido, detalló que los órganos de cogobierno avanzan en la administración y distribución de los recursos disponibles, en un contexto de marcada restricción presupuestaria que obliga a optimizar cada decisión.

DEMANDAS ESTRUCTURALES Y UNA LEY CLAVE PARA EL FUTURO
Respecto de las principales demandas del sistema universitario, el Decano fue contundente: “Necesitamos consolidar nuestra planta académica y orgánico-funcional, lo que implica más cargos docentes y NODOCENTES para garantizar el desarrollo de las actividades”.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las políticas de bienestar estudiantil y sostuvo: “Es fundamental contar con mayores partidas para becas, que permitan sostener las trayectorias académicas, promover la graduación y reducir la deserción”.
Finalmente, Fernández subrayó la importancia de avanzar en una Ley de Presupuesto Universitario que brinde previsibilidad y garantice el crecimiento del sistema. “También necesitamos inversión en infraestructura y equipamiento. Las instalaciones se deterioran, los recursos se vuelven obsoletos y la matrícula crece. Sin financiamiento adecuado, es muy difícil sostener y proyectar el desarrollo de la universidad”, advirtió.
En esa línea, concluyó: “Estamos hablando de garantizar el derecho a la educación superior en nuestra región, y del rol estratégico que tiene la universidad pública en el desarrollo social, científico y productivo del país”.